Los datos del Avance de las Enseñanzas no universitarias del curso 2019-2020 reflejan que el número de alumnos en las enseñanzas de Formación Profesional han registrado un aumento del 6% con 50.511 alumnos más que el curso anterior. Dentro de ellos, los datos también reflejan un avance considerable en la formación a distancia con subidas del 7,1% y del 12,6% en los grados Medio y Superior, respectivamente. Por tanto, podemos confirmar que la formación profesional se va consolidando en España como primera opción entre los estudiantes.
El proyecto de ley orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE), actualmente en trámite parlamentario, establece el compromiso de presentar, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la ley, una propuesta normativa que regule la formación inicial y permanente, pero voy más allá, sería útil y conveniente establecer las bases y el desarrollo de un único sistema integrado de formación profesional y empleo en el que se articulen y canalicen tanto las necesidades de nuevos perfiles profesionales emergentes como la confección de los títulos formativos.
Hace tiempo que la formación profesional debería haber sido revisada y mejorada, prueba de ello es la distancia que mantenemos en España respecto a las tasas de alumnado que opta por esta vía en el resto de los países europeos. Además, urge flexibilizar estas enseñanzas si pretendemos dar respuesta a las necesidades de contratación de las empresas que compiten en un mercado vertiginoso que experimenta continuos cambios.
Es interesante incorporar a la oferta educativa los cursos de especialización, la posibilidad de llevar a cabo una matriculación de carácter modular por parte del alumnado, lo cual, ha quedado plasmado en algunos decretos impulsados por comunidades autónomas como la de la Comunidad de Madrid, los cuales deberán ser desarrollados por las consiguientes órdenes para permitir su efectiva realización.
Como todos sabemos, existe un Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, que establece a su vez un Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, en base al cual se elaboran los currículos de las enseñanzas de formación profesional en el ámbito educativo, pero también los certificados profesionales del ámbito del empleo. Ambos subsistemas han tenido que convivir de forma separada y no siempre complementaria, aunque sí convergente.
Ha llegado el momento de que las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias y con la colaboración de las corporaciones locales y de los agentes económicos y sociales, se afanen por construir verdaderos puentes entre educación y empleo, y que consigamos consolidar una red moderna y diversa de centros integrados de formación profesional y empleo, que sean auténtico referente del mercado laboral, donde los alumnos aprendan con plenas garantías de que sus estudios les conducen a un empleo real, en el que se valoren los contenidos teóricos aprehendidos, el aprendizaje práctico adquirido, y la experiencia laboral acreditada.
Son las autoridades académicas y laborales las que se deberán ocupar y preocupar de evaluar las competencias de los alumnos, con un enfoque práctico, para facilitarles la acreditación parcial acumulable de las competencias, si fuera el caso, conducentes al título profesional o bien que les inicien desde la Educación Secundaria Obligatoria o la Formación Profesional Básica hacia un itinerario académico y profesional que les permita unos resultados de aprendizaje óptimos y sobre todo, que les garanticen optar a un empleo de calidad, en consonancia con la demanda laboral presente y futura.
La Formación Profesional, deberá conformarse como un camino de aprendizaje permanente en la vida de las personas, adolescentes y/o adultas, que represente un puente hacia el empleo, bien escaso en nuestra sociedad actual, que necesita nutrirse de personas que se orienten al cambio, y puedan aplicar con éxito sus competencias personales, profesionales y sociales, por el bien común de toda la sociedad española.
Guadalupe Bragado